El corcel de la democracia de Susan B. Anthony fue una bicicleta de acero. Para Chelsea Castellano, es una bicicleta eléctrica. Durante un lunes en junio, ella pedalea alrededor de South Boulder, su rostro cubierto con una máscara que dice “Vota! Vota! Vota!” Hoy día tiene que parar en tres lugares, la primera: una casita en Toedtli Drive. Se baja de su bici, ajusta el pie de apoyo, y saca sus suministros: una tabla sujetapapeles, desinfectante de manos y plumas.
Toca el timbre y da cuatro pasos atrás. Un chico joven abre la puerta, se pone su máscara y sale a recibirla. Castellano lo saluda y explica que está ahí para “entregar” la petición que él “ordenó” por internet.
Ella le ofrece el desinfectante de manos, luego la tabla sujetapapeles y una pluma. Castellano pertenece a una campaña activista que se llama “Bedrooms Are For People” (Dormitorios Son Para Personas, DSPP), y ellos buscan cambiar la carta municipal de Boulder para expandir los límites de ocupación en hogares de la ciudad. También tiene incluido en la tabla sujetapapeles información sobre otra campaña de enmienda de carta, “Our Mayor Our Choice” (Nuestro Alcalde Nuestra Elección, NANE), donde proponen dar a votantes el poder de elegir al alcalde directamente. Los dos son “iniciativas ciudadanas,” en las cual el poder de las firmas no puede ser subestimada. Si las campañas pueden recoger suficientes firmas, tendrán garantizado un sitio en la boleta electoral de noviembre. Ahí, los ciudadanos podrán votar por los enmiendas, y si la mayoria esta de acuerdo, pueden cambiar la carta municipal a través de la democracia directa.
La compañera de hogar del chico se asoma por la puerta. Ella también firma las dos peticiones, luego devuelva la tabla sujetapapeles a Castellano, quien le ofrece desinfectante de manos, disculpándose por antes no extender la cortesía. Castellano pone la tabla sujetapapeles en su bolsa, abrocha su casco y va pedaleando a la próxima casa.
Ella nunca se vio a sí misma como una mensajera de la democracia, pero tiempos drásticos requieren medidas drásticas.
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Lo que comenzó como una temporada electoral normal a principios de este año se desintegró rápidamente cuando la pandemia llegó a Boulder; oficiales de la ciudad no tomaron medidas para atender los preocupaciones de salud de los peticionarios, y luego admitieron que habían publicado información incorrecta sobre el procedimiento para iniciativas ciudadanas. Esto resultó en plazos vencidos y oportunidades perdidas para los constituyentes, quienes pasaron meses empleando formas creativas para navegar la recolección de firmas durante la pandemia del COVID-19.
Los peticionarios están claros que las iniciativas ciudadanas son la única manera de colocar una enmienda en la boleta sin el apoyo del consejo municipal. Sólo 24 estados tienen provisiones incluyendo iniciativas ciudadanas como parte del procedimiento de la democracia directa. La más directa participación posible es: una idea, una demostración de apoyo comunitario, el voto mayoritario de la gente.
Meses atrás — cuando varias campañas de iniciativas ciudadanas todavía estaban finalizando sus trámites para la oficina del secretario municipal — nadie podía imaginar que esta primavera se pasaría buscando resolver los problemas de una pandemia global. Aunque los votantes de Boulder aprobaron un sistema de recolección de firmas en línea en 2018, la ciudad aún no lo ha implementado. Entonces, para recoger firmas, los voluntarios tendrían que estar muy cerca de extraños, incluso cuando el departamento de salud del condado de Boulder explícitamente recomienda el distanciamiento social.
A pesar de los preocupaciones de salud, los peticionarios no querían abstenerse de esta temporada electoral. “Las personas que tal vez no están tan involucradas en la política tienden a estar más involucradas en los años presidenciales,” explicó Castellano. “Hay más participación electoral, más conciencia de lo que está sucediendo.”
En enero, el futuro era igualmente desconocido en las oficinas del abogado de la ciudad y el secretario de la ciudad. Se estaban preparando para publicar nuevas directrices, basadas en su lectura de los estatutos de la ciudad y las recomendaciones de un grupo de trabajo de elecciones de 2018, explicando exactamente cómo alguien como Castellano puede usar una iniciativa ciudadana para saltar al concejo municipal en camino a la boleta electoral. Ninguna de las oficinas tenía idea de que enfrentarían demandas judiciales dentro de seis meses.
En ese momento, la oficina del abogado de la ciudad (compuesta por cuatro abogados encargados de interpretar las leyes que rigen Boulder) dio información sobre el proceso de iniciativa ciudadana a la oficina del secretario, que se encarga de dirigir las elecciones de la ciudad. La oficina del secretario publicó dos conjuntos de directrices: para obtener una medida en la boleta, los ciudadanos que proponían una nueva ordenanza municipal tenían que recoger 3.337 firmas antes del 5 de junio, y los ciudadanos que querían enmendar la carta de la ciudad tenían que recolectar 4.048 firmas antes del 5 de agosto. Los umbrales de firma están diseñados para demostrar que suficientes miembros de la comunidad están interesados en votar sobre una medida.
Este año, dos campañas de ordenanzas municipales fueron las primeras en comenzar a recoger firmas. Luego DSPP y NANE, ambos en busca de enmiendas a la carta municipal, también fueron aprobados por la oficina del secretario. Las cuatro campañas recibieron la información antes mencionada sobre el volumen de firmas y las fechas límites después de entregar su documentación, que incluía, en cursiva minúscula, una recomendación de buscar asesoría legal independiente para revisar las directrices de la ciudad.
Tanto las campañas DSPP como NANE sabían que recoger 4.048 firmas en papel requeriría un esfuerzo organizacional grande, pero cuando la orden estatal “Stay At Home” tomó efecto en marzo, sus oportunidades para recoger firmas desaparecieron. “Nos dieron permiso para recoger firmas, pero también nos dijeron que no podemos salir de nuestra casa,” dijo Castellano. “Nos dimos cuenta de que algo que iba a ser difícil antes, ahora sería casi imposible.”
Tradicionalmente, las campañas de iniciativa ciudadana se hacen de puerta a puerta en la primavera antes de una elección, organizando fiestas y solicitando firmas en eventos comunitarios, explicó Jan Burton, tesorero de la campaña NANE y ex-miembro del consejo municipal. “No sentíamos que la gente se sintiera cómoda con nada de eso,” dijo Burton, siendo ella asmática. “Tengo más de 60 años y cuando hablaban por primera vez de [COVID-19, estaba] pensando, oh Dios mío, no hay forma de que salga de mi casa.” Desde entonces, ha pasado casi 30 días afuera recogiendo firmas.
No pasó mucho tiempo antes de que los miembros de las cuatro campañas empezaron a participar durante las reuniones del concejo municipal, conducidas en Zoom para evitar el contacto personal. Durante las próximas semanas, la gente preguntó al concejo municipal si podían ayudar con extensiones de las fechas límite o métodos alternativos de recoger firmas, considerando que sabían que el ayuntamiento no tomaría las medidas por su cuenta. En 2019, el alcalde Sam Weaver les dijo explícitamente a algunos voluntarios de DSPP que el tipo de cambio que buscaban sería mejor a través de una iniciativa ciudadana, según Castellano.
Por último, el consejo municipal determinó que no podían cambiar las reglas para las iniciativas ciudadanas. “Sabes, ocurren pandemias y eso no cambia la ley,” dijo Weaver. Un miembro del consejo, Bob Yates lo expresó de otra manera, en la reunión del consejo del 21 de abril: “No estamos inhibiendo la democracia; COVID ha inhibido la democracia.”
Los organizadores de las cuatro campañas no fueron los únicos que presionaron al ayuntamiento con preguntas y preocupaciones sobre el proceso de iniciativa ciudadana 2020. Ya en marzo, Steve Pomerance, un ex-miembro del consejo municipal que se ha mantenido involucrado en la política local, comenzó a sonar la alarma sobre el frenesí legal que vendría.
Mientras investigaba las campañas de iniciativas ciudadanas, Pomerance notó una disonancia entre las directrices publicadas por el secretario de la ciudad y lo que él entendía de los estatutos de la ciudad y la constitución del estado sobre el proceso. El 14 de marzo, Pomerance envió su primer correo electrónico a Tom Carr, el abogado de la ciudad, expresando preocupación de que Carr se había confundido respecto a cuándo aplicar las reglas de la constitución estatal y cuándo aplicar las reglas de los estatutos de la ciudad. Pomerance pensó que las ordenanzas municipales deberían regirse por la carta de la ciudad, y las enmiendas a la carta deberían regirse por la constitución estatal. Si Pomerance tenía razón, eso significaba que los plazos y el número de firmas publicadas en las directrices del secretario eran incorrectas para las campañas de enmienda de la carta. Solo tendrían 90 días para recoger firmas bajo las reglas de la constitución, que llevaría la fecha límite de DSPP hasta el 21 de junio y las NANE al 30 de julio. Además, ambos necesitarían reunir el doble de firmas, 8.096 cada una, no 4.048, para meter sus medidas en la boleta electoral.
Carr no respondió al primer correo electrónico de Pomerance. Estaba ocupado con todos los otros problemas que estaba causando la pandemia: redactando nuevas ordenanzas sobre reuniones públicas, máscaras, cierres de edificios y más, según Carr. “Eso solo podría ser un trabajo de tiempo completo, y eso tiene que ver con la seguridad pública.”
Alrededor de esta época, en marzo, Carr también estaba preparando una presentación para el ayuntamiento con una actualización sobre el sistema de recolección de firmas en línea, que inicialmente dio a las campañas de iniciativa un rayo de esperanza. Carr explicó que el sistema aún no estaba listo y que no lo estaría hasta la temporada electoral de 2021. El consejo aún le pidió que redactara una ordenanza que pudiera acomodar algún tipo de reunión de firmas en línea durante la pandemia para ayudar a los peticionarios. Carr regresó con un borrador de la ordenanza a mediados de abril para un sistema temporal de recolección de firmas en línea. El consejo votó en contra de adoptar su idea.
En mayo, el concejo municipal le pidió a Carr que redactará una ordenanza que aclarara las fechas límites para la firmas de las peticiones, pero eventualmente decidieron posponer la conversación hasta después de las elecciones de noviembre, según Carr. Si bien reconoció las preocupaciones sobre la fecha límite de Pomerance, Carr defendió la fecha límite original del 5 de agosto para las enmiendas a la carta.
Mientras tanto, las campañas de iniciativas ciudadanas tuvieron dificultades en reaccionar cuando el condado extendió la orden de quedarse en casa, y el consejo municipal continuó rechazando ideas que podrían ayudar a mantener a los peticionarios seguros. Castellano dijo que fue decepcionante “escuchar a los miembros del consejo municipal durante el corazón de la pandemia: ‘Oigan, salgan a los parques,’ cuando también les dicen a todos que se queden en casa. ‘Puedes arriesgar tu vidas y pedirle a cualquier otra persona que quiera participar en la democracia directa que arriesgue sus vidas. Anda no hay nada que te detenga,’ cuando parece que hubo muchas cosas que nos detuvieron.”
Después de meses de recaudación de fondos y reuniones comunitarias con NANE, Burton dijo, “Estábamos muy lejos en el camino. No queríamos renunciar.”
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A medida que pasaban las semanas, Pomerance se convenció cada vez más de que la interpretación de Carr del proceso de las enmiendas de carta era incorrecta. Pomerance había sido miembro del “Grupo de Trabajo de Finanzas de Campañas/Elecciones” que fue promulgado a principios de 2018, encargado de arreglar una serie de errores cometidos por Carr y su oficina.
Durante el ciclo electoral de 2016, una enmienda de carta de la iniciativa ciudadana, que limitó los términos del concejo municipal y que los votantes aprobaron, se había colocado incorrectamente en la boleta electoral. Esto fue después de que “el personal cometió un error pero … no se notó en ese momento,” explicó Valerie Yates, ex-abogada reguladora y otro miembro del grupo de trabajo, por correo electrónico. Ella, como Pomerance, descubrió esta discrepancia este año. El umbral de firma que la oficina de Carr publicitó este año, según Yates, era mucho más bajo de lo que debería haber sido. Weaver confirmó esta información.
Al año siguiente, en 2017, la oficina del abogado de la ciudad intentó simplificar la información sobre las fechas límites y darle más poder discrecional al administrador de la ciudad durante el proceso de solicitud de peticiones. Redactaron una medida, 2Q, que se aprobó en las elecciones de 2017, pero fue “tan terrible que el [grupo de trabajo] se reunió en 2018 para resolver los problemas que crearon,” escribió Yates. El grupo de trabajo ayudó a redactar otra medida, 2E, que trató de aclarar el lenguaje ambiguo, reducir cantidades de firmas y establecer una línea de tiempo para el proceso de petición. El grupo de trabajo determinó por ordenanzas municipales las reglas delineadas en la carta municipal, y la constitución estatal determinó las reglas para las enmiendas de la carta.
Este año es la primera vez que los grupos de iniciativa ciudadana están solicitando peticiones desde la aprobación de 2E en 2018, dice Carr, y por lo tanto, la primera vez que las nuevas directrices se aplican al proceso de iniciativa. Carr explicó que su miembro del personal encargado de revisar las nuevas pautas “trató de equilibrar las opiniones del grupo de trabajo con la ley estatal, y tiene la teoría de que las ciudades pueden alterar la ley estatal si no entre en conflicto con la ley estatal, y si lo hacen de una manera que beneficia a los peticionarios. Así que las directrices fueron escritas con esa filosofía.”
En esencia, la oficina de Carr trató de combinar diferentes interpretaciones de la ley estatal con los códigos de la ciudad, intentando dar a los peticionarios un período de tiempo más largo para recolectar firmas y un menor número de firmas requeridas. Carr dijo que no leyó las nuevas directrices “hasta mucho más tarde.” No hasta que Pomerance comenzó a enviarle correos electrónicos al respecto.
Carr se comunicó con campañas y ciudadanos preocupados como Pomerance, de forma irregular e inconsistente, de acuerdo con los correos electrónicos proporcionados por las campañas. Les dijo que “podrían” estar sujetos a la ley estatal (es decir, los plazos anteriores), pero continuó reiterando que iba a defender el plazo del 5 de agosto. A menudo no respondía a correos electrónicos, con días largos y ocupados, aún lidiando con las consecuencias del coronavirus. “Odio seguir diciendo esto, pero tengo un trabajo de tiempo completo en una pandemia. Están sucediendo muchas otras cosas,” dijo Carr.
Varias veces Pomerance le planteó a Carr los posibles problemas que podían surgir, advirtiéndole de posibles demandas judiciales, pero la oficina del abogado de la ciudad no hizo una revisión exhaustiva de la información en las directrices hasta junio.
Carr reunió a un grupo de abogados con “algo como 120 años de experiencia legal” y “como grupo decidimos que la interpretación más clara es que la carta pretende eximir a la ciudad de la ley estatal.” En otras palabras, las enmiendas a la carta deberían tratarse de la misma manera que las ordenanzas municipales, con solo 3.337 firmas requeridas y una fecha límite del 5 de junio.
A pesar de eso, Carr continuó defendiendo las pautas originales como “una cuestión de justicia” y esa información permaneció en el sitio web de la ciudad hasta el 6 de julio. El 19 de junio, envió un correo electrónico a la campaña de NANE después de que pidieron más aclaraciones: “Lamento la confusión. Pensé que estaba claro que la ciudad iba a honrar el consejo original que se dio a los comités.” Un mes después, el 17 de julio, afirmó: “Mi opinión es que deberíamos honrar lo que les dijimos a los comités y el consejo municipal debería poner las medidas en la boleta.”
Como tal, las campañas se mantuvieron enfocadas en recoger miles de firmas, cada firma siendo un riesgo de infección de un virus terriblemente contagioso y mortal. Aun así, los ciudadanos no estaban contentos con eso; entre marzo y julio, más de 40 personas hablaron en las reuniones del consejo municipal. Mas fueron los correos electrónicos enviados y llamadas telefónicas, todos criticando la falta de voluntad de la ciudad a adaptar el proceso durante la pandemia.
El consejo mantuvo su postura: no permitieron firmas en línea, no consideraron opciones de correo electrónico o correo postal, incluso después de que el gobernador Jared Polis recomendó la táctica en una orden ejecutiva estatal el 15 de mayo, y la mayoría del consejo no estaba interesada en discutir esto. El consejo tiene el poder de colocar cualquier medida que desee en la boleta electoral para que la gente vote, pero cuando esa opción surgió como una forma de honrar el trabajo de las campañas y liberarlos de la tarea de recoger firmas en persona en una pandemia, el consejo lo rechazó.
Cada una de las campañas se dio cuenta de que tenían que ser creativas. “Muchos de nuestros voluntarios querían salir y arriesgar sus vidas a recoger firmas, pero no podíamos pedir eso de la comunidad,” dijo Castellano.
La idea del servicio “la democracia a pedido” (andar en bicicleta a los hogares de las personas que quieren firmar las peticiones) surgió en el grupo DSPP. “Estábamos viendo personas recibiendo sus compras en casa, sus alimentos, todo lo que podían recibir en casa lo estaban haciendo. Así que pensamos, bueno, no hay razón para que no podamos entregar una petición. Es lo mismo,” dijo Castellano.
DSPP contactó a las otras campañas y les preguntó si querían ser incluidas. Esta colaboración entre campañas no tiene precedentes, dice Castellano. Burton, que trabajó en campañas de iniciativas ciudadanas en el pasado, también dijo que esta era la primera vez que presenciaba tal colaboración.
“No todos los voluntarios apoyan cada medida, pero estamos ahí en apoyo de la democracia, no necesariamente en apoyo de cualquier otra medida que llevemos,” dijo Castellano. “Cualquier decisión que tome la comunidad es la prerogative de la comunidad, pero la capacidad de tomar esa decisión es lo importante.”
A fines de junio, DSPP había acumulado más de 60 voluntarios y superó 4.000 firmas, 422 de las cuales se habían recolectado en 246 hogares por bicicleta. Organizaron campañas en las redes sociales, dirigieron oleadas de alcance comunitario y anunciaron información de sus peticiones en todas las plataformas que pudieron imaginar.
NANE también estaba trabajando con 12 voluntarios, organizando mesas fuera de supermercados y ferreterías, en senderos y parques públicos, en cualquier lugar donde pudieran pararse afuera e intentar interactuar de manera segura con otros constituyentes. En los supermercados competían con los peticionarios estatales pagados y la gran población de personas que viajan a Boulder para comprar comida pero que no son votantes registrados. Y además, las máscaras facilitaron a las personas evitar la interacción.
Neesha Schnepf, una voluntaria de DSPP, dijo: “Si pienso en la cantidad de personas que se acercaron a mí cuando lo firmaron, entonces, sí, me siento incómoda con las cosas, porque todas esas personas estaban definitivamente a menos de seis pies de mí cuando estaban firmando.” Aún así, ella dijo: “Prefiero que esto llegue a ese boleta y finalmente pase, incluso si eso significa que me enferme.
“Obviamente, como todos en la campaña, desearía que el ayuntamiento se hubiera esforzado más a pensar en alternativas más seguras para pandemias, ¿sabes? Creo que podríamos haber pensado en algo mejor que tener que hacer firmas en persona.”
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Luego, el 18 de junio, otro grupo de iniciativa ciudadana, “Save South Boulder,” solicitó permiso para recoger firmas para una enmienda de carta, motivado por una reciente votación del concejo municipal sobre una estrategia de anexión de CU South. Ellos creían que tenían hasta el 5 de agosto para recoger las firmas. Sin embargo, la oficina del secretario rechazó su petición, alegando que la fecha límite ya había pasado.
Según la campaña Save South Boulder, fue Carr, no el secretario municipal, quien respondió a las preguntas sobre por qué se rechazó su petición. El 30 de junio Carr les explicó que las pautas, que todavía estaban publicadas en el sitio web del ciudad en ese momento, eran “incorrectas.” Finalmente los bajaron seis días después.
Una semana después, la campaña Save South Boulder escribió, en un correo electrónico al consejo, “El Abogado de la Ciudad ha generado una gran confusión sobre nuestro proceso electoral” y “ha actuado de manera arbitraria y caprichosa otorgando a algunos ciudadanos el derecho de recoger firmas bajo reglas especiales mientras niega el mismo privilegio a otros que siguen las mismas reglas publicadas.”
DSPP y NANE se pusieron en contacto con Carr para obtener aclaraciones poco después de conocer sobre el problema con la petición de Save South Boulder, pero Castellano dice que Carr no les devolvió el correo electrónico.
Unos días más tarde, Carr publicó un mensaje público en el “Hotline,” la línea directa de la Ciudad: “Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar la posición de la oficina del abogado de la ciudad sobre las peticiones de iniciativas de enmienda a la carta,” escribió, explicando que “las enmiendas de carta se rigen por la carta y no por la ley estatal.” Esto significaba que los plazos de DSPP y NANE habían pasado oficialmente el 5 de junio.
En la línea directa, Carr reconoció que “dos comités de petición dependían de la guianza inexacta de la ciudad y así han trabajado para reunir firmas.” Prometió pedirle al secretario de la ciudad que verifique las firmas enviadas antes del 5 de agosto, “para ser justo.” Si cualquiera de las peticiones proporciona 4.048 firmas verificadas, continuó, “le pediré al secretario que envíe la petición al ayuntamiento sin un certificado de suficiencia” pero “con mi recomendación de que el consejo coloque la medida en la boleta electoral para las elecciones de noviembre de 2020.”
Las campañas se pusieron furiosas. Eso fue directamente en contra de lo que entendieron como la posición anterior de Carr.
Sin un certificado de suficiencia, Castellano dice que sabía que “nuestra única oportunidad de estar en la boleta electoral es a través de referencia directa del consejo municipal, que es el cuerpo legislativo exacto que este proceso de democracia directa está diseñado para eludir.”
Nick Grossman, otro organizador de DSPP, añadió: “En efecto, lo que la ciudad ha hecho es hacer excepciones a sus propias reglas, ya sea intencionalmente o no, han manipulado sus propias reglas. Y si luego retrasan las medidas a otro año, o tratan de cambiar el idioma, o lo cambian de una enmienda de la carta, entonces están subvirtiendo la voluntad del pueblo y realmente eludiendo la democracia directa.”
“Hemos arriesgado nuestras vidas para hacer esto. La comunidad ha arriesgado sus vidas para hacer esto, para firmar en persona,” dijo Castellano. “Y es un error de la ciudad: es posible que no era intencional al principio, pero si no lo corrigen, entonces es intencional.”
El cambio en las informaciones y la obstrucción de la oportunidad no pasaron desapercibidos.
Seguidamente, otros miembros del Grupo de Trabajo de Finanzas/Elecciones de Campaña 2018, además de Pomerance y Valerie Yates, comenzaron a intervenir, afirmando que Carr todavía estaba equivocado en su interpretación. La constitución del estado rige las enmiendas de la carta, argumentaron, no la carta de la ciudad.
A pesar de negar la petición de Save South Boulder, Carr dice que es completamente “posible” que la constitución estatal regula el proceso de enmiendas. Save South Boulder solicitó una audiencia legal, “y yo estaba muy entusiasmado con eso,” dijo Carr. “Me encantaría que un juez me dijera qué es la ley. Realmente no tengo sentimientos fuertes acerca de cuál, solo estoy tratando de hacerlo bien, y si un juez me dice que se aplica la ley estatal o que debemos seguir nuestro consejo regional, estoy de acuerdo con eso.”
Finalmente, la campaña retiró su solicitud de audiencia legal al darse cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para recoger firmas si la audiencia legal fuera en el medio de julio.
Mientras Pomerance y otros continuaban alertando al consejo sobre esta confusa fuente de información, el consejo planeó una discusión formal: si los plazos realmente hubieran pasado, como Carr ahora afirmó, si remitirán directamente las medidas ciudadanas a la boleta para que el público pueda votar, ¿o no?
Carr y su abogado asistente de la ciudad, Luis Toro, organizaron una presentación para el consejo explicando las tres posibles interpretaciones legales disponibles para las iniciativas de enmiendas a los estatutos: la carta de la ciudad, la constitución del estado, o las directrices combinadas de la oficina de Carr. Al final, explicó Carr, el consejo municipal tiene que determinar cuál interpretación es correcta; ellos son el cuerpo legislativo de la ciudad. Es el trabajo de Carr simplemente asesorarlos.
Después de una presentación de 30 minutos y un período de comentarios públicos abiertos (20 ciudadanos obtuvieron permiso para hablar debido a limitaciones de tiempo, a pesar de 80 solicitudes), una mayoría del consejo votó para que la constitución estatal gobierne todas las futuras iniciativas de enmienda a la carta.
Al final de la noche, la mayoría del consejo decidió no remitir ninguna medida directamente a la boleta. Mantendrán a NANE y Save South Boulder de acuerdo con las pautas estatales, requiriendo 8.096 firmas para el 30 de julio y el 5 de agosto, respectivamente. Sin embargo, esto significa que la fecha límite de DSPP pasó el 21 de junio y ahora no tiene forma de incluir su medida en la boleta electoral, a menos que alguien en el consejo cambie de opinión y se solicite otro voto para remitir la iniciativa, explica Weaver.
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El concejo municipal tiene hasta el 1 de septiembre para decidir sobre la inclusión de cualquier medida a la boleta electoral. Mientras que algunos sostienen que esto es más una cuestión del proceso democrático que el contenido de las medidas, otros no están de acuerdo.
Weaver, por ejemplo, cree que es su deber como alcalde considerar el contenido de una medida. “No estoy obligado, personalmente, a que sea antidemocrático no manipular las reglas y referir algo a ciegas, lo que no creo que sirva a la comunidad,” dijo. “Eso no quiere decir que no voy a escuchar cuál es la intención de las iniciativas. Es solo que [enmendar] la carta con medidas defectuosas, o incluso abrir la posibilidad de hacerlo, simplemente no sirve a la comunidad a largo plazo. Entonces entiendo la infelicidad a corto plazo. Simpatizo con eso. Sabes, si yo estaba en su lugar, también estaría decepcionado.”
El miembro del consejo Yates está de acuerdo. En la reunión del 21 de julio, dijo que “no solo es nuestra prerrogativa sino nuestra obligación” considerar el contenido de una medida antes de colocarla en la boleta electoral. Corroborado por un correo electrónico que Carr envió el 14 de julio, la opinión de Yates sobre al menos la medida DSPP es clara: cuando la Asociación de Asistencia Familiar de Emergencia (EFAA) anunció que estaba apoyando a DSPP, Yates utilizó a su favor las donaciones personales contra la organización.
Los miembros del consejo Rachel Friend y Aaron Brockett, por otro lado, piensan que el contenido de las medidas no debe considerarse. “En lugar de tratar de averiguar exactamente cómo nos sentimos acerca de las medidas — ¿son medidas que apoyamos, amamos u odiamos por completo? — debemos honrar el proceso de la democracia directa y colocar las medidas directamente en la boleta electoral, como se nos exigiría que hiciéramos si la ciudad hubiera respaldado la guianza que se le ha dado,” dijo Brockett, quien tenía la impresión de que Carr iba a defender las directrices originales del 5 de agosto hasta que leyó el mensaje “hotline” de Carr.
Desde entonces, varias de las campañas han pedido el despedimiento de Carr. Como Save South Boulder escribió en un correo electrónico al consejo: “Para rectificar esta situación, solicitamos respetuosamente que el Sr. Carr sea removido de todos los deberes relacionados con asuntos electorales de la ciudad, con efecto inmediato. Ha demostrado que no se puede confiar en él para hacer su trabajo (o guiar a otros) de manera rápida y justa. Este es un fracaso de gran importancia para los ciudadanos de Boulder que afecta nuestro derecho constitucionalmente garantizado de presentar una petición al gobierno. Creemos firmemente que Boulder ya no debería aceptar la autoridad del Sr. Carr en estos asuntos.”
Hasta la fecha, el consejo no ha discutido públicamente ningún tipo de reprimenda por la confusión y los errores derivados de la oficina de Carr. El 21 de julio, BAFP anunció públicamente su intención de demandar a la Ciudad por la desastrosa situación. El 29 de julio, la campaña entrego 7,500 firmas recogidas en papel a la oficina del secretario. Antes de su fecha límite en el 30 de julio, NANE tiene la intención de entregar por lo menos 5.900 firmas.
Independientemente de lo que ocurra, miles de ciudadanos han firmado las peticiones, y cientos más se han desplegado recogiendo firmas por la ciudad. Son muchos pasos alrededor de esta ciudad; es un largo camino hacia la democracia directa.
Nota editorial: Este artículo es el primero de una serie de cuatro partes que analiza el papel de sistemas en línea para recoger firmas en el futuro de la democracia directa en 2020. Este artículo fue reportado con ayuda del Solutions Journalism Network.
